Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Mientras la frontera ardía —literal y políticamente—, el discurso desde el poder intentó apagar el incendio con estadísticas. Treinta y seis bloqueos paralizaron municipios clave del norte de Tamaulipas y, aun así, la narrativa oficial insistió en sostener una idea que choca de frente con la realidad: que el estado sigue siendo “uno de los más seguros de la frontera”.
La afirmación vino del propio Américo Villarreal Anaya, cuestionado directamente tras una jornada que exhibió, sin matices, el grado de control que hoy tienen los grupos criminales sobre carreteras, accesos urbanos y rutas comerciales. La pregunta fue simple, casi obligada. La respuesta, en cambio, se perdió en un laberinto retórico: cifras, explicaciones “veraces” y una defensa estadística que poco consuela a quien quedó atrapado entre tráileres incendiados y caminos cerrados.
Los hechos son tozudos. Treinta y seis bloqueos simultáneos no son un “evento aislado”, ni un accidente logístico. Son una demostración de fuerza. Ocurrieron en Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y San Fernando, municipios donde la vida cotidiana volvió a quedar rehén de la violencia. No hubo detenidos. Ninguno. Y esa ausencia pesa más que cualquier gráfico de seguridad presentado en una mesa.
El propio gobierno reconoció que nueve de los bloqueos se realizaron con unidades de autotransporte y que cinco de ellas fueron incendiadas. El resto se resolvió con llantas ardiendo y ponchallantas esparcidos sobre el asfalto. Métodos conocidos, repetidos, eficaces. Tan eficaces que lograron lo que buscaban: paralizar la región y mandar un mensaje claro, sin necesidad de comunicados.
La respuesta institucional fue la de siempre: sesión permanente de la Mesa de Seguridad, refuerzo con Ejército, Guardia Nacional y Guardia Estatal, y el anuncio de que “la normalidad” había sido restablecida. Pero la normalidad, en Tamaulipas, parece haberse redefinido peligrosamente. Hoy significa que no haya balaceras visibles, aunque los criminales decidan cuándo se abre o se cierra una carretera.
Decir que desde la tarde “no se registraron nuevas condiciones de riesgo” puede ser técnicamente correcto. Políticamente, es una evasión. Porque el riesgo ya se había materializado. Porque el mensaje ya había sido enviado. Y porque la frontera volvió a confirmar que la gobernabilidad no se mide por comunicados nocturnos, sino por la capacidad real del Estado para impedir que 36 bloqueos ocurran sin consecuencias.
El problema no es solo la violencia. Es la insistencia en minimizarla desde el discurso. Mientras se defienda la seguridad con comparativos estadísticos y no con resultados visibles, la frontera seguirá viviendo entre dos realidades: la que se presenta en conferencias y la que se padece en el asfalto. Y esa brecha, hoy por hoy, es tan amplia como peligrosa.
