Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Cada año, cuando se acerca el periodo vacacional de Semana Santa, el discurso oficial se repite con una precisión casi mecánica: operativos especiales, miles de elementos desplegados, coordinación entre los tres niveles de gobierno y la promesa de garantizar seguridad para quienes visitan Tamaulipas. La narrativa se presenta como una estrategia sólida, pero en el fondo parece más una rutina burocrática que un verdadero ejercicio de prevención eficaz.
Desde Palacio de Gobierno, el secretario general Héctor Joel Villegas González anunció el despliegue de un operativo que, según las autoridades, buscará proteger a turistas y familias durante el periodo vacacional de 2026. La instrucción, dijo, proviene del gobernador Américo Villarreal Anaya, bajo el argumento de garantizar condiciones seguras en carreteras, playas y destinos turísticos.
El planteamiento suena correcto sobre el papel. Más de tres mil elementos de seguridad, centenares de vehículos, coordinación con dependencias federales y estatales, módulos de atención y presencia de servicios de emergencia. Todo parece diseñado para transmitir una imagen de control. El problema es que, año tras año, el gobierno insiste en vender como novedad lo que en realidad es una obligación permanente del Estado: garantizar seguridad pública.
Los operativos de temporada se anuncian con bombo y platillo, pero rara vez se acompañan de evaluaciones serias sobre sus resultados. Tampoco se explican con claridad las fallas recurrentes en carreteras, los accidentes que siguen ocurriendo o los incidentes que terminan maquillados bajo la etiqueta oficial de “saldo blanco”. En muchos casos, esa frase termina siendo más un recurso propagandístico que un reflejo fiel de la realidad.
La activación del programa Héroes Paisano, que busca brindar atención a connacionales provenientes de Estados Unidos, también forma parte de la narrativa institucional. Sin embargo, quienes recorren las carreteras del estado saben que la experiencia no siempre coincide con el discurso. Tramos deteriorados, puntos de revisión que ralentizan el tránsito y servicios limitados siguen siendo parte del panorama para miles de viajeros.
La promesa de carriles adicionales en zonas de alta afluencia o de carreteras en buenas condiciones suena bien en el micrófono. Pero basta recorrer algunas rutas del estado para entender que la infraestructura vial sigue arrastrando rezagos que ningún operativo temporal puede resolver en unos cuantos días.
En cuanto a las playas, particularmente en municipios como Ciudad Madero y Matamoros, el crecimiento de visitantes ha sido evidente en los últimos años. Ese incremento, lejos de ser solo una buena noticia para el turismo, también representa una presión adicional sobre la capacidad de las autoridades para garantizar orden, seguridad y servicios suficientes.
El discurso oficial insiste en que todo está listo: policías, ambulancias, módulos de atención y números de emergencia disponibles. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma cada temporada: ¿se trata de un verdadero plan integral o simplemente de un despliegue mediático para proyectar una sensación de control?
Porque en materia de seguridad pública no basta con anunciar operativos cada vez que llega un periodo vacacional. La seguridad no debería ser un evento estacional ni una estrategia temporal diseñada para la foto oficial. Debería ser una política constante, evaluable y transparente.
Mientras eso no ocurra, cada Semana Santa volveremos a escuchar las mismas promesas, las mismas cifras infladas y la misma frase que los gobiernos repiten como si fuera un logro: “saldo blanco”. Un término que, en más de una ocasión, termina siendo más un deseo político que una realidad verificable.
