Opinión: Eduardo Deras | #NuevoLaredo #Laredo #NLD #Tamaulipas
Al término del sexenio de Américo Villarreal Anaya, el gobierno estatal promete un Tamaulipas vigilado por seis mil cámaras de videovigilancia distribuidas a lo largo y ancho del territorio. A esa cifra se sumarían, además, los dispositivos que eventualmente incorpore el sector privado al sistema del C5. El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, con el optimismo que suele acompañar a los grandes proyectos tecnológicos.
La apuesta es clara: más ojos, menos delito. Según la narrativa oficial, la cobertura total en los 43 municipios —incluidas zonas rurales y carreteras— permitiría contener a los grupos criminales mediante vigilancia permanente y capacidad de reacción inmediata. En el papel, suena bien. En la realidad, la ecuación no siempre ha sido tan sencilla.
Hoy, el estado ya cuenta con alrededor de 4 mil 200 cámaras instaladas en puntos considerados estratégicos. A lo largo de este año se añadirían cerca de mil más para cerrar el proyecto integral de monitoreo. La pregunta inevitable es si la expansión del sistema ha ido acompañada del fortalecimiento operativo que exige una red de esta magnitud.
Pancardo Escudero sostiene que la videovigilancia “no es sólo observación”, sino una herramienta clave para la prevención del delito y la reacción en tiempo real. El sistema, afirma, permite detectar eventos al momento y coordinar respuestas entre la Guardia Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y las fiscalías estatal y federal. El problema es que la coordinación interinstitucional, en Tamaulipas, ha sido históricamente más una aspiración que una constante.
El modelo se apoya en una segmentación territorial de 11 delegaciones regionales y 43 coordinaciones municipales, de tal forma que cada cámara esté enlazada con las áreas operativas responsables. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que la tecnología, por sí sola, no sustituye la presencia policial efectiva, la inteligencia criminal ni la confianza ciudadana para denunciar.
Las cámaras pueden registrar, documentar y hasta alertar. Lo que no hacen es patrullar, investigar ni judicializar. En un estado donde la violencia ha mutado más rápido que las estrategias oficiales, la promesa de seis mil cámaras corre el riesgo de convertirse en un escaparate de modernidad si no se traduce en resultados medibles: menos delitos, más detenciones y una percepción real de seguridad.
Al final, la videovigilancia puede ser parte de la solución, pero difícilmente será la respuesta completa. Apostar todo a los monitores es confiar en que la violencia se inhibe sola cuando se siente observada. Tamaulipas ya sabe que no siempre es así.
