Por: Luis Deras | #Tamaulipas #NuevoLaredo #Laredo #NLD
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Con 13 mil 639 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, Tamaulipas enfrenta una de las crisis humanitarias más graves del país, mientras que la estrategia de búsqueda del gobierno estatal resulta claramente insuficiente frente a la magnitud del problema.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta diciembre de 2025 la entidad acumulaba más de 13 mil casos. Sin embargo, durante 2026 el Gobierno de Tamaulipas prevé realizar alrededor de 3 mil acciones de búsqueda, lo que apenas alcanzaría a cubrir poco más del 20 por ciento del total histórico de personas desaparecidas.
Aun si cada una de estas acciones fuera exitosa —un escenario poco realista—, la brecha entre el número de personas desaparecidas y la capacidad de respuesta institucional seguiría siendo alarmante, evidenciando un rezago estructural en la política pública de búsqueda, bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.
El propio diagnóstico elaborado por instancias estatales reconoce que la búsqueda de personas y la atención a víctimas son dos de los mayores desafíos en materia de justicia y derechos humanos en Tamaulipas. Ambas áreas están directamente vinculadas, ya que sin la localización de las personas desaparecidas no puede garantizarse el derecho a la verdad ni la reparación integral para sus familias.
No obstante, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas presenta deficiencias internas que limitan su operación. Entre los principales problemas se encuentran procesos desactualizados, un marco normativo incompleto, ausencia de políticas públicas consolidadas, escasa coordinación entre dependencias y una deficiente difusión de los derechos de las víctimas.
A este escenario se suma el subregistro de delitos. En Tamaulipas, solo uno de cada diez delitos es denunciado, lo que deja a la mayoría de las víctimas fuera de los mecanismos institucionales de atención y protección. Incluso quienes intentan acceder a estos apoyos suelen enfrentar negativas por no cumplir con requisitos normativos, lo que incrementa su vulnerabilidad.
El modelo de atención vigente también ha sido cuestionado por su enfoque generalizado, al no considerar variables fundamentales como edad, género, condición socioeconómica o la etapa del daño, factores clave para una intervención efectiva y para avanzar en los procesos de reparación.
Mientras las cifras de personas desaparecidas continúan en aumento, los resultados del gobierno estatal siguen siendo limitados, dejando a miles de familias en la incertidumbre y evidenciando la falta de una estrategia integral y eficaz para atender una de las crisis más sensibles que enfrenta Tamaulipas.
