Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
En Tamaulipas hay motivos para reconocer cuando las finanzas públicas muestran avances, pero también razones suficientes para desconfiar de los discursos triunfalistas. El gobierno de Américo Villarreal Anaya celebra que HR Ratings haya elevado la calificación crediticia del estado de A+ a AA-, con perspectiva estable. Un reconocimiento importante, sin duda, pero que está lejos de representar un certificado de buen gobierno o una prueba irrefutable de que las cosas marchan bien en todos los frentes.
Conviene poner las cosas en su justa dimensión: una mejor calificación significa que Tamaulipas presenta mejores condiciones para cumplir sus compromisos financieros, que ha fortalecido sus ingresos y que existe una reducción en determinados indicadores de endeudamiento. Eso es positivo. Lo que no puede hacerse es venderlo como si fuera sinónimo de prosperidad generalizada.
Porque una cosa es convencer a las calificadoras internacionales y otra muy distinta convencer a los ciudadanos que todos los días enfrentan problemas de inseguridad, deficiencias en los servicios públicos, carencias en infraestructura y una economía familiar que no necesariamente mejora al ritmo de las cifras oficiales.
HR Ratings señala que durante 2025 Tamaulipas consiguió un superávit primario equivalente al 3.3 por ciento de sus ingresos totales. También reporta un crecimiento de 4.8 por ciento en los ingresos de libre disposición, una disminución del gasto corriente y una reducción de la deuda neta ajustada, que pasó de representar el 39.4 al 35.3 por ciento de esos ingresos.
Son indicadores favorables que merecen ser analizados, pero tampoco deben utilizarse como cortina de humo para evitar la discusión sobre las verdaderas prioridades del estado. Tener números ordenados en los informes financieros no significa que las necesidades de la población estén resueltas.
Más aún, el crecimiento de 7.1 por ciento en el gasto destinado a obra pública durante 2025, comparado con el año anterior, tendría que reflejarse en infraestructura de calidad, proyectos concluidos y beneficios tangibles para los municipios. No basta con anunciar inversiones o presumir presupuestos; la ciudadanía tiene derecho a saber dónde se aplicó cada peso, qué obras se terminaron y cuáles siguen esperando.
El gobernador Américo Villarreal ha insistido en que su administración conduce las finanzas públicas con orden, transparencia y responsabilidad. Sin embargo, esas palabras deben sostenerse con resultados verificables, rendición de cuentas y una explicación puntual sobre el destino de los recursos. La transparencia no puede limitarse a lo que una calificadora encuentra en los documentos oficiales.
También se presume que Tamaulipas ocupa el cuarto lugar nacional en crecimiento económico promedio anual, con una variación de 2.12 por ciento entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026. A ello se suma el crecimiento de 5.2 por ciento registrado durante el primer trimestre de este año, el segundo mayor avance del país.
Pero aquí aparece otra pregunta incómoda: ¿qué tanto de ese crecimiento está llegando a los hogares tamaulipecos? Porque el desarrollo económico no se mide exclusivamente con porcentajes ni posiciones en una tabla nacional. Se mide en empleos bien remunerados, oportunidades para los jóvenes, mejores servicios, inversión productiva y condiciones de vida dignas.
El gobierno estatal también destaca la reducción de la deuda y el hecho de no haber recurrido a financiamiento de corto plazo durante 2025. Es una señal favorable, aunque sería conveniente conocer con absoluta claridad cuánto se ha pagado, cuánto se sigue debiendo y qué compromisos financieros heredados continúan condicionando el presupuesto estatal.
Tampoco debe confundirse la estabilidad crediticia con la ausencia de problemas administrativos. Las agencias calificadoras evalúan riesgos financieros, capacidad de pago, ingresos, endeudamiento y prácticas de gobernanza. No califican la calidad de los servicios médicos, la eficiencia de las corporaciones de seguridad ni el desempeño político de un gobernador. Mucho menos certifican que la población esté satisfecha con su gobierno.
Por eso, aunque el reconocimiento de HR Ratings representa una buena noticia para Tamaulipas, no puede convertirse en una campaña de autopromoción política. Los resultados financieros deben servir para fortalecer la inversión pública y resolver problemas, no para alimentar discursos de éxito mientras las demandas sociales siguen acumulándose.
La responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, encabezada por Carlos Irán Ramírez González, no termina con conseguir mejores evaluaciones. El verdadero reto consiste en mantener la disciplina presupuestal, garantizar que los recursos se ejerzan correctamente y demostrar que cada avance financiero tiene una consecuencia positiva en la vida de los ciudadanos.
En pocas palabras, Américo Villarreal puede presumir que Tamaulipas mejoró su calificación crediticia, pero todavía tiene mucho que demostrar en materia de resultados gubernamentales.
Porque de poco sirve tener buenas calificaciones en los escritorios de las agencias internacionales si en las calles, las colonias y los municipios la realidad sigue siendo otra. Los mercados podrán confiar más en Tamaulipas, pero el gobernador tiene una tarea mucho más complicada: recuperar y sostener la confianza de los tamaulipecos.
