Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Durante años, el expediente de Francisco “N” fue el ejemplo perfecto de cómo el poder político puede estirar la ley hasta casi romperla. Amparos estratégicos, suspensiones a modo y una narrativa de persecución política sirvieron como escudo frente a señalamientos que nunca fueron menores: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Delitos graves, de los que no se sale con discursos ni conferencias.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 435/2025 no es un acto heroico ni una concesión al clamor popular; es, simplemente, el cumplimiento tardío de su obligación constitucional. Por unanimidad, el máximo tribunal dejó claro que la justicia federal no está para proteger prófugos ni para convertirse en refugio de quienes confunden el poder con inmunidad. Se acabó la suspensión. La orden de captura sigue viva. Y hoy, por fin, es ejecutable.
Celebrar lo que debió ocurrir desde el principio dice mucho del nivel de degradación institucional que se permitió durante años. Tamaulipas no sólo cargó con un gobierno bajo sospecha, sino con un sistema judicial que, por acción u omisión, toleró que un exgobernador evadiera a la justicia mientras el estado se hundía en polarización, desconfianza y descrédito.
Ahora la pelota está en la cancha de la Fiscalía General de la República. Ya no hay excusas jurídicas ni pretextos políticos. Corresponde solicitar la ficha roja ante Interpol y activar, sin titubeos, los mecanismos de colaboración con Estados Unidos para la detención y extradición del acusado. Cualquier demora adicional sería complicidad disfrazada de burocracia.
Este fallo envía un mensaje incómodo para muchos: la era de los privilegios judiciales debería estar llegando a su fin. Durante décadas, ciertos personajes manejaron tribunales como si fueran extensiones de su oficina, negociaron resoluciones y compraron tiempo. Ese modelo erosionó la confianza ciudadana y convirtió a la justicia en una caricatura. La Corte tenía una deuda histórica y, aunque tarde, empezó a saldarla.
La movilización social, las más de cien mil firmas entregadas a los ministros y las manifestaciones en Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria no sustituyen a la ley, pero sí la empujaron. Recordaron algo elemental: cuando las instituciones se hacen sordas, la presión ciudadana se vuelve el último recurso.
Que nadie se equivoque. Esto no es una victoria partidista ni un trofeo político. Es una prueba de fuego para el Estado mexicano. Si el proceso se estanca, si la ficha roja no se solicita, si la extradición se congela, todo quedará en un gesto vacío. Pero si la ley se aplica hasta las últimas consecuencias, se habrá dado un paso real —no retórico— contra la impunidad.
La justicia no debería necesitar aplausos ni celebraciones callejeras. Debería ser rutinaria, eficaz y pareja. En México, aún estamos lejos de eso. Pero hoy, al menos por una vez, quedó claro que el poder no garantiza impunidad eterna. Y para quienes creyeron que podían huir indefinidamente, el mensaje es brutalmente simple: el expediente sigue abierto y la cuenta pendiente también.
