Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Hay reuniones que deben celebrarse y otras que, además de celebrarse, deben traducirse en resultados. El encuentro del gobernador Américo Villarreal Anaya con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pertenece a la segunda categoría.
Que 18 colectivos y personas buscadoras hayan podido sentarse frente al gobernador de Tamaulipas y exponer directamente sus reclamos es, sin duda, un cambio en la interlocución. Las propias familias lo reconocieron. Hablaron de apertura, disposición y voluntad para atender una problemática que durante años ha dejado heridas profundas.
Pero conviene no confundir una puerta abierta con el problema resuelto.
La desaparición de personas no se combate con discursos, fotografías de reuniones ni declaraciones políticamente correctas. Se combate con presupuesto, personal capacitado, tecnología, capacidad forense, investigación, coordinación institucional y, sobre todo, con resultados que puedan ser comprobados por las familias.
Por eso, el verdadero examen para el gobierno de Américo Villarreal no está en la mesa de diálogo. Está en lo que ocurra después de ella.
Durante la reunión celebrada en el C3, las representantes de los colectivos reconocieron la disposición del mandatario. Graciela Pérez Rodríguez, de Milynali Red, fue clara al señalar que “el gobernador mostró bastante apertura” y que existe una oportunidad para dejar establecidos mecanismos que no se detengan con el cambio de administración.
Y ahí está precisamente uno de los puntos más importantes.
Las familias no solamente están pidiendo que las escuchen. Están exigiendo que los acuerdos sobrevivan a los gobiernos. Que los expedientes no vuelvan a dormir en un escritorio cuando cambien los funcionarios. Que las búsquedas no dependan de la voluntad política de un mandatario en turno. Que la identificación de restos humanos no avance al ritmo de la burocracia.
Porque el tiempo, en estos casos, juega en contra.
Edith Pérez Rodríguez, de la asociación Voz y Dignidad por los Nuestros, sostuvo que el encuentro les da “la certeza de que está trabajando” y reiteró que los colectivos no quitarán el dedo del renglón.
Esa última parte debería ser tomada con absoluta seriedad.
Las familias buscadoras no tienen el privilegio de olvidar. No pueden darse el lujo de cerrar un expediente porque una administración terminó. Tampoco pueden conformarse con una explicación administrativa cuando llevan años buscando a un hijo, una hija, un hermano, una madre o un padre.
Por eso resulta acertado que el Gobierno de Tamaulipas plantee fortalecer las capacidades de identificación humana y genética, ampliar la participación de personal especializado, mejorar los trabajos de búsqueda y exhumación y fortalecer la infraestructura forense.
Pero una cosa es anunciar que se trabajará en ello y otra muy distinta es hacerlo.
Ahí estará la diferencia entre una administración que escucha y una administración que resuelve.
También se planteó la construcción de un memorial para las personas desaparecidas en Ciudad Victoria. El proyecto puede ser importante como espacio de memoria y dignificación, pero sería un error que el gobierno pretendiera convertir el memorial en sustituto de la justicia.
Las familias necesitan memoria, sí. Pero antes que una placa, una ceremonia o un monumento necesitan respuestas.
Necesitan saber dónde están sus desaparecidos. Necesitan identificación científica. Necesitan investigaciones que avancen. Necesitan responsables llevados ante la justicia cuando existan elementos para ello. Y necesitan instituciones capaces de continuar la búsqueda incluso cuando el caso deje de ocupar espacio en la agenda pública.
El antecedente de septiembre de 2025 demuestra que no se trata de un acercamiento aislado. Desde entonces, representantes de colectivos ya habían reconocido la importancia de que el gobernador recibiera personalmente a las familias. María Teresa Molina, de la Unión de Colectivos de Tamaulipas y Buscando tus Pasos, llegó a señalar que era el primer gobernador que se sentaba con las víctimas.
Ese reconocimiento merece ser valorado, pero también obliga a elevar la exigencia.
Si el gobernador ha decidido abrir directamente la interlocución con las familias, entonces también debe asumir el costo político y administrativo de cumplir los compromisos que surjan de esas mesas.
No basta con escuchar.
No basta con decir que existe disposición.
No basta con comprometer herramientas.
Hay que ponerlas a funcionar.
Las familias han aprendido, muchas veces a fuerza de golpes, que los compromisos gubernamentales pueden diluirse entre oficios, cambios de funcionarios, presupuestos insuficientes y reuniones que terminan sin consecuencias concretas. Por eso ahora hacen algo fundamental: reconocen los avances, pero mantienen la presión.
Y hacen bien.
Graciela Pérez Rodríguez lo expresó con claridad al advertir que esta apertura puede servir para dejar establecidas acciones que no queden detenidas cuando llegue la próxima administración. Ese planteamiento debería convertirse en una obligación política para el actual gobierno.
Tamaulipas necesita una política de Estado en materia de desapariciones, no una política sexenal.
Necesita instituciones que funcionen independientemente de quién ocupe Palacio de Gobierno. Necesita expedientes vivos, bases de datos confiables, laboratorios con capacidad suficiente, especialistas, coordinación entre fiscalías y autoridades de seguridad, y protocolos que permitan actuar con rapidez.
Sobre todo, necesita que las familias dejen de cargar solas con una responsabilidad que corresponde al Estado.
El gobernador tiene hoy una oportunidad que no debería desperdiciar. La interlocución directa ya existe. Los colectivos han mostrado disposición para trabajar y también han dejado claro que continuarán exigiendo.
Ahora toca demostrar que la apertura no fue solamente una buena fotografía política.
El verdadero resultado de esta reunión se conocerá en los próximos meses, cuando las familias puedan comprobar si los acuerdos se convierten en presupuesto, infraestructura, investigaciones, identificaciones y búsquedas efectivas.
Porque en el tema de los desaparecidos hay algo que ningún gobierno puede permitirse perder: tiempo.
Y para las familias, cada día que pasa sin respuestas no es una estadística.
Es un día más sin saber dónde está alguien que aman.
