Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Pocas cosas dañan más la credibilidad de un gobierno que la sospecha. Y pocas sospechas pesan tanto como aquellas que cruzan fronteras y terminan instaladas en los expedientes de las agencias estadounidenses.
La reciente investigación publicada por Los Angeles Times coloca nuevamente a Tamaulipas bajo los reflectores internacionales, pero no por sus avances económicos, ni por sus proyectos de infraestructura, ni por sus oportunidades de inversión. La noticia gira en torno al gobernador Américo Villarreal Anaya y a señalamientos que lo vinculan con una investigación relacionada con el contrabando de combustible hacia Estados Unidos.
Conviene ser precisos: hasta este momento no existe una acusación formal ni una sentencia judicial contra el mandatario tamaulipeco. El propio gobernador ha rechazado categóricamente los señalamientos y sostiene que se trata de acusaciones falsas y sin sustento. Esa es la realidad jurídica.
Sin embargo, también existe una realidad política imposible de ignorar.
Cuando un medio de alcance internacional publica que un gobernador en funciones estaría bajo investigación federal en Estados Unidos y que incluso habría perdido su visa ordinaria para operar bajo un esquema especial de ingreso, el daño a la imagen institucional ya está hecho. La duda se instala. La confianza se erosiona. Y las explicaciones oficiales dejan de ser suficientes.
El problema para Américo Villarreal no es solamente lo que diga un periódico estadounidense. El verdadero problema es que estos señalamientos llegan en un momento en el que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus periodos más delicados en materia de seguridad, narcotráfico y combate al huachicol.
Durante años, Tamaulipas ha luchado por desprenderse de una narrativa asociada a la inseguridad y a la influencia de grupos criminales. Miles de ciudadanos han trabajado para cambiar esa percepción. Empresarios, trabajadores, académicos y organizaciones civiles han hecho esfuerzos enormes para demostrar que el estado es mucho más que los estigmas del pasado.
Por eso resulta particularmente grave que el nombre del gobernador aparezca vinculado a una investigación de esta naturaleza.
Más allá de la defensa política que inevitablemente surgirán desde Morena, el tema exige transparencia absoluta. No bastan los desmentidos. No alcanzan los comunicados. La sociedad merece explicaciones claras y contundentes.
Si las acusaciones son falsas, corresponde al gobierno demostrarlo con hechos y documentación. Si existen investigaciones abiertas, la ciudadanía tiene derecho a conocer su alcance real. Lo peor que podría ocurrir es intentar minimizar el asunto o refugiarse en discursos de victimización política.
La administración de Américo Villarreal llegó al poder prometiendo una transformación ética de la vida pública. Precisamente por ello, los estándares de exigencia deben ser más altos y no más bajos.
La presunción de inocencia debe respetarse siempre. Pero la rendición de cuentas también.
Hoy el gobernador enfrenta quizá la prueba política más compleja de su administración. No se trata únicamente de defender su nombre. Está en juego la reputación de Tamaulipas, la confianza de los inversionistas y la credibilidad de un gobierno que prometió ser distinto.
Porque cuando las sospechas llegan desde el extranjero y alcanzan al titular del Ejecutivo estatal, el silencio deja de ser una opción y la transparencia se convierte en una obligación.
