Por: Luis Valtierra | #NuevoLaredo #Laredo #NLD #Tamaulipas
Nuevo Laredo, Tamaulipas.— El diputado federal Carlos Canturosas Villarreal respaldó la regulación anunciada por el Gobierno de México para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en los planteles educativos, al considerar que representa un primer paso para recuperar espacios escolares orientados al aprendizaje y la convivencia.
El legislador señaló que el siguiente reto será analizar desde la Cámara de Diputados las herramientas jurídicas necesarias para fortalecer estas disposiciones y, en su caso, avanzar hacia un marco legal que dé mayor sustento a la regulación.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 09/09/26, que establece medidas para garantizar el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.
Las nuevas disposiciones contemplan reglas diferenciadas según el nivel educativo. En educación básica se establece que no deberá utilizarse el celular durante la jornada escolar, salvo las excepciones previstas; en media superior se plantea un esquema de uso responsable y seguro, con limitaciones determinadas por cada institución, mientras que en educación superior se fomenta un uso responsable, seguro, crítico y ético, respetando la autonomía universitaria.
“Estamos ante un primer paso importante para recuperar espacios escolares en los que niñas, niños y jóvenes puedan concentrarse en aprender, convivir y desarrollarse. Como legisladores tenemos la responsabilidad de acompañar esta medida y analizar el marco legal necesario para darle mayor solidez, siempre poniendo en el centro el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes”, afirmó Canturosas Villarreal.
De acuerdo con la SEP, el acuerdo nacional fue respaldado por las autoridades educativas de las 32 entidades federativas en el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU). Además, la dependencia informó que más de medio millón de maestras y maestros participaron previamente en una consulta sobre el tema y 81 por ciento se pronunció a favor de establecer una regulación.
El legislador sostuvo que el debate no se limita a determinar cuándo puede utilizarse un teléfono dentro de una escuela. También involucra los efectos que el uso excesivo de dispositivos y plataformas digitales puede tener en la atención, la convivencia y el desarrollo de los estudiantes.
Entre las situaciones señaladas por autoridades educativas se encuentran dificultades para mantener la concentración, conflictos originados en redes sociales que posteriormente llegan a los planteles, así como casos relacionados con fotografías tomadas o difundidas sin consentimiento y ciberacoso.
La propia SEP ha planteado la regulación como una medida orientada a promover la atención, el contacto humano y la comunidad dentro de los espacios escolares, además de favorecer el aprendizaje y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
En educación básica, las restricciones comenzarán a aplicarse a partir del 3 de noviembre de 2026, después de un periodo destinado a realizar asambleas informativas en los planteles para explicar el contenido del acuerdo.
Canturosas Villarreal destacó que esta etapa deberá complementarse con una discusión legislativa responsable, especialmente si se pretende trasladar algunas de las disposiciones administrativas a una norma de mayor alcance.
“El Ejecutivo Federal está dando un primer paso con este acuerdo nacional y ahora corresponde a la Cámara de Diputados analizar cómo llevar esta preocupación a un marco legal sólido. Debemos hacerlo con responsabilidad, escuchando a las comunidades educativas y procurando que cualquier regulación proteja el derecho al aprendizaje y el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y jóvenes”, señaló.
El diputado federal agregó que cualquier eventual modificación legislativa deberá considerar las particularidades de cada nivel educativo y las necesidades de estudiantes, docentes y familias.
De esta manera, el debate sobre el uso de celulares en las escuelas entra en una nueva etapa: mientras las disposiciones administrativas comienzan su proceso de implementación, el Poder Legislativo deberá analizar si es necesario realizar ajustes al marco jurídico para darles mayor alcance y permanencia.
