Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Doce días después de mantenerse lejos del foco público, el gobernador Américo Villarreal Anaya reapareció con un discurso medido, evasivo y sin responder de fondo a los señalamientos que comienzan a rodear a su administración por presuntas investigaciones vinculadas al huachicol fiscal.
Mientras el país sigue atento a las acusaciones y al escándalo político que envuelve al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en Tamaulipas el mandatario estatal optó por refugiarse en frases institucionales y dejar que la Fiscalía General de la República cargue con la responsabilidad de aclarar un tema que cada vez genera más dudas.
“Que la Fiscalía determine”, fue, en esencia, el mensaje del gobernador. Ni deslinde contundente, ni explicación amplia, ni postura firme. Solo referencias a investigaciones federales y a la necesidad de presentar pruebas “si es que existen”, en una declaración que sonó más a estrategia de contención que a transparencia.
Durante la entrevista con medios, Villarreal Anaya sí encontró espacio para aclarar que mantiene vigente su visa estadounidense y que ha realizado viajes a Texas y participado en actividades internacionales relacionadas con la Agenda 2030. Sin embargo, el tono cambió por completo cuando fue cuestionado sobre las declaraciones del diputado federal Mario López Hernández, “La Borrega”, quien públicamente lo mencionó en señalamientos relacionados con una presunta red de huachicol fiscal.
Ahí vino el silencio.
El gobernador evitó responder directamente. No negó los dichos. No confrontó las acusaciones. Tampoco anunció acciones legales contra quien lo señaló públicamente. Simplemente optó por guardar distancia y dejar pasar el momento, una reacción que en política suele alimentar más sospechas que certezas.
La ausencia de respuestas claras ocurre en un contexto complicado para Morena en Tamaulipas, donde comienzan a acumularse tensiones internas, acusaciones cruzadas y cuestionamientos sobre personajes cercanos al poder. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en hablar de transformación, honestidad y combate a la corrupción, aunque en los hechos prevalece la opacidad cuando los señalamientos alcanzan a las altas esferas del gobierno estatal.
Porque cuando un gobernador evade preguntas incómodas en lugar de enfrentarlas de manera directa, el problema deja de ser únicamente judicial o político. También se convierte en un asunto de credibilidad pública.
