Opini\u00f3n: Luis I. Valtierra Hern\u00e1ndez<\/p>\n\n\n\n
Columna: Criticar por Criticar<\/p>\n\n\n\n
Nuevo Laredo, Tamaulipas – Cuando un caso involucra presuntas irregularidades por 985 millones de pesos, la sociedad espera respuestas r\u00e1pidas, procesos s\u00f3lidos y resultados contundentes. Lo que obtiene, una vez m\u00e1s, es tiempo. M\u00e1s tiempo.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n de una jueza de otorgar seis meses adicionales para la investigaci\u00f3n complementaria en el proceso que enfrenta la exsecretaria de Bienestar Social, identificada \u00fanicamente como YAC, por el presunto delito de uso il\u00edcito de facultades y atribuciones, confirma una realidad que los ciudadanos conocen de memoria: en M\u00e9xico, los casos de corrupci\u00f3n suelen caminar con una lentitud desesperante.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n judicial se encuentra dentro del marco legal y forma parte del debido proceso. Nadie puede cuestionar el derecho de la defensa y de la Fiscal\u00eda a reunir las pruebas necesarias. Lo que s\u00ed puede cuestionarse es por qu\u00e9 investigaciones sobre contratos p\u00fablicos cercanos a los 985 millones de pesos tardan a\u00f1os en llegar a una etapa que apenas permite seguir investigando.<\/p>\n\n\n\n
La corrupci\u00f3n no solo roba dinero. Tambi\u00e9n consume tiempo institucional. Mientras los expedientes pasan de una audiencia a otra, de un recurso legal a otro y de una pr\u00f3rroga a la siguiente, la percepci\u00f3n ciudadana es demoledora: la justicia parece tener un reloj distinto cuando los acusados ocuparon cargos de poder.<\/p>\n\n\n\n
El argumento de una supuesta persecuci\u00f3n pol\u00edtica ha sido utilizado en innumerables procesos contra exfuncionarios de todos los partidos. Ser\u00e1 responsabilidad de los tribunales determinar si esa afirmaci\u00f3n tiene sustento. Sin embargo, lo que hasta ahora existe es una vinculaci\u00f3n a proceso dictada por una autoridad judicial tras considerar que hay elementos suficientes para continuar la causa penal. Ese hecho, por s\u00ed mismo, desmiente la narrativa de que el caso carece completamente de fundamento.<\/p>\n\n\n\n
Ahora el calendario apunta hacia enero de 2027. Otros seis meses de investigaci\u00f3n significan otros seis meses sin una respuesta definitiva para una sociedad que lleva demasiado tiempo viendo c\u00f3mo los expedientes por presunto desv\u00edo de recursos p\u00fablicos avanzan a paso de tortuga.<\/p>\n\n\n\n
La exigencia no debe ser acelerar procesos sacrificando derechos. Debe ser que las instituciones investiguen con eficacia, integren expedientes s\u00f3lidos y eviten que los casos de alto impacto se conviertan en interminables laberintos judiciales donde el tiempo termina siendo el mejor aliado de la impunidad.<\/p>\n\n\n\n
Porque cuando casi mil millones de pesos est\u00e1n bajo la lupa, lo m\u00ednimo que merece la ciudadan\u00eda es una verdad sustentada en pruebas y una justicia que llegue antes de que el caso se pierda entre plazos, recursos y calendarios.<\/p>\n\n\n\n
Hoy YAC sigue vinculada a proceso. Corresponder\u00e1 a la Fiscal\u00eda demostrar sus acusaciones y a la defensa desvirtuarlas. Lo que ya no puede permitirse es que el combate a la corrupci\u00f3n contin\u00fae midiendo sus resultados en a\u00f1os, mientras la confianza ciudadana se sigue agotando en meses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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