Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
El gobernador Américo Villarreal Anaya pidió a los integrantes de su gabinete que no permitan que las aspiraciones electorales distraigan su labor. El llamado suena oportuno, pero también llega con un inevitable retraso. La pregunta que muchos tamaulipecos se hacen no es si los funcionarios dejarán de trabajar por pensar en la próxima elección, sino si realmente han trabajado con la intensidad que exige un estado marcado por rezagos en seguridad, salud, infraestructura y desarrollo económico.
La política tiene sus tiempos, pero la administración pública no puede convertirse en una sala de espera rumbo a la siguiente contienda. Cada proceso electoral revive el mismo fenómeno: secretarios que empiezan a recorrer municipios con mayor frecuencia, funcionarios que multiplican su presencia en eventos públicos y discursos que, de pronto, adquieren un evidente tono de campaña. El ciudadano distingue perfectamente cuándo un servidor público gobierna y cuándo comienza a promocionarse.
El gobernador sostiene que quienes aspiren a un cargo deberán respetar las reglas electorales y, llegado el momento, separarse de sus funciones. Eso es lo mínimo que exige la ley, no un acto extraordinario de responsabilidad. La verdadera obligación consiste en evitar que los recursos públicos, la estructura gubernamental y la agenda institucional se conviertan, aunque sea de manera indirecta, en herramientas para construir candidaturas.
También afirma que su administración aún tiene proyectos por consolidar. Precisamente ahí radica uno de los principales cuestionamientos. Después de varios años de gobierno, los resultados deberían hablar por sí solos y no depender de una etapa final para materializarse. Cuando un gobierno insiste en que “lo mejor está por venir”, inevitablemente deja abierta la percepción de que el tiempo transcurrido no ha sido suficiente para responder a muchas de las expectativas que generó.
En Tamaulipas persisten desafíos que no admiten pausas ni distracciones. La seguridad continúa siendo una preocupación constante para amplios sectores de la población. El sistema de salud enfrenta carencias. La infraestructura presenta rezagos en distintas regiones y numerosas comunidades siguen esperando soluciones que fueron anunciadas desde el inicio del sexenio. Bajo ese contexto, resulta comprensible que cualquier señal de adelantamiento electoral despierte más inquietud que entusiasmo.
El mayor riesgo no es que un secretario aspire a una candidatura. La democracia se alimenta precisamente de esa posibilidad. El problema comienza cuando las prioridades del gobierno cambian de rumbo y la atención se concentra en el cálculo político en lugar de la atención ciudadana. Ahí es donde la gestión pierde eficacia y la administración empieza a gobernar pensando en las urnas, no en las necesidades del presente.
El mensaje del gobernador debería comenzar por la propia evaluación de su gabinete. Si realmente existe la intención de impedir que las aspiraciones políticas interfieran con el servicio público, el primer filtro tendría que ser el desempeño. Los funcionarios tendrían que ser medidos por resultados concretos, no por su nivel de cercanía con el poder ni por sus posibilidades electorales.
Porque, al final, el mayor adversario de cualquier gobierno no son las campañas anticipadas. Es la falta de resultados. Y esa, por más discursos que se pronuncien desde Palacio de Gobierno, sigue siendo una deuda que los ciudadanos juzgan todos los días.
