Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción asegura que el expediente contra la exsecretaria de Bienestar Social, identificada como YAC, está “plenamente acreditado”. La frase suena contundente. El problema es que, para una ciudadanía cansada de escuchar promesas de justicia, las declaraciones dejaron de tener valor hace mucho tiempo. Lo que hoy exige Tamaulipas no son discursos de confianza, sino sentencias firmes respaldadas por pruebas irrefutables.
Si realmente existe un presunto daño al erario cercano a los mil millones de pesos, como sostiene la propia Fiscalía, el caso rebasa cualquier interés político o mediático. Se trata de recursos públicos que pertenecían a los tamaulipecos. Por ello, la sociedad tiene derecho a preguntarse por qué, si las evidencias son tan sólidas como se afirma, el proceso continúa avanzando con la lentitud que caracteriza a los grandes expedientes de corrupción en México.
El fiscal Andrés Norberto García Repper Fávila insiste en que debe respetarse el debido proceso. Tiene razón. Nadie puede ser condenado fuera de la ley. Sin embargo, el debido proceso tampoco puede convertirse en el argumento permanente para justificar la demora en la impartición de justicia. La experiencia ha demostrado que los casos de alto perfil suelen prolongarse durante años hasta perder fuerza, diluir responsabilidades o terminar archivados por tecnicismos jurídicos.
Más preocupante aún resulta conocer que entre el 60 y el 70 por ciento de la carga de trabajo de la Fiscalía Anticorrupción corresponde a denuncias contra elementos policiales por presunto abuso de autoridad. Esa cifra revela un problema estructural que no debería pasar inadvertido. Si buena parte de los expedientes involucran precisamente a quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley, el mensaje para la ciudadanía es profundamente inquietante.
La propia Fiscalía presume haber reducido su rezago de más de 900 a alrededor de 800 expedientes. Pero esa reducción difícilmente puede considerarse un logro cuando cientos de investigaciones siguen esperando una resolución. La justicia no puede medirse únicamente por el número de carpetas administradas; debe evaluarse por los casos esclarecidos, las responsabilidades fincadas y los recursos públicos recuperados.
El fiscal también rechaza que las investigaciones tengan motivaciones electorales. Es una afirmación necesaria, aunque insuficiente. La independencia institucional no se acredita con declaraciones ante los medios, sino con resultados consistentes, imparciales y aplicados sin distinguir colores partidistas, apellidos influyentes o intereses de grupo.
El expediente de YAC representa una prueba de fuego para la Fiscalía Anticorrupción. Si las pruebas son tan contundentes como asegura la institución, el proceso deberá concluir con una resolución sólida que resista cualquier revisión judicial. Pero si el caso termina diluyéndose entre recursos legales, aplazamientos y formalismos, la credibilidad de la lucha contra la corrupción volverá a sufrir un golpe del que difícilmente podrá recuperarse.
En Tamaulipas ya no basta con anunciar investigaciones espectaculares ni presumir carpetas bien integradas. Lo verdaderamente extraordinario sería que, por una vez, la justicia llegara completa, a tiempo y sin distingos. Porque el combate a la corrupción no se gana en las conferencias de prensa; se demuestra en los tribunales y, sobre todo, en la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones.
