Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Apenas tomó forma la llamada reforma judicial en Tamaulipas y ya comenzaron a aparecer las primeras señales de alarma. La propia presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Contreras López, admitió públicamente que existen jueces con deficiencias técnicas y falta de preparación para operar el nuevo sistema en materia civil. Traducido al lenguaje ciudadano: hay funcionarios impartiendo justicia mientras todavía están aprendiendo cómo hacerlo.
La declaración resulta preocupante por donde se le mire. No se trata de estudiantes en práctica ni de empleados en capacitación administrativa; hablamos de jueces, personas responsables de resolver conflictos legales, proteger derechos y tomar decisiones que impactan directamente la vida de miles de tamaulipecos.
Aunque desde el discurso oficial se insiste en que los resultados “han sido positivos”, la realidad es que el Poder Judicial reconoce que varios perfiles simplemente no estaban listos para asumir el cargo. Aun así, ya ocupan espacios clave dentro del sistema judicial.
La magistrada explicó que las evaluaciones continúan activas para medir capacidades jurídicas y operativas. Sin embargo, el problema de fondo no es la evaluación, sino cómo llegaron a esos cargos personas que hoy requieren reforzar conocimientos elementales para desempeñar sus funciones.
Particularmente delicado resulta el caso del nuevo sistema civil. Contreras López aceptó que algunos jueces no cuentan con la capacitación suficiente para aplicarlo correctamente y que tendrán que prepararse sobre la marcha para incorporarse plenamente hasta el próximo año.
Es decir, mientras los ciudadanos acuden a tribunales buscando justicia pronta y profesional, el propio sistema admite que parte de quienes imparten sentencias siguen en proceso de aprendizaje.
La situación deja en evidencia una reforma judicial acelerada, improvisada y más enfocada en cumplir compromisos políticos que en garantizar perfiles verdaderamente capacitados. Porque en cualquier país serio, primero se forma a los jueces y después se les entrega la responsabilidad de impartir justicia; no al revés.
El riesgo es evidente: errores procesales, resoluciones deficientes, retrasos y un deterioro aún mayor en la confianza ciudadana hacia las instituciones judiciales. Y eso ocurre justamente en un estado donde la percepción de impunidad y desconfianza hacia la justicia lleva años creciendo.
Hoy Tamaulipas enfrenta una paradoja preocupante: mientras el discurso oficial habla de transformación judicial, la realidad muestra un sistema que todavía intenta corregir sobre la marcha las fallas de origen de quienes deberían garantizar la legalidad.
