Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
En Tamaulipas, hablar de salud pública se ha convertido en un ejercicio de discursos, reuniones institucionales y presentación de estadísticas que pretenden dibujar un panorama alentador. Sin embargo, entre los porcentajes que presume el Gobierno del Estado y la realidad que enfrentan miles de pacientes existe una distancia que no puede ocultarse detrás de una mesa de funcionarios.
El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la instalación y sesión ordinaria del Consejo General de Salud, desde donde convocó a las instituciones del sector a trabajar en unidad para mejorar los servicios médicos y aprovechar el proceso de reordenamiento del sistema sanitario nacional.
El planteamiento suena bien. Nadie podría estar en desacuerdo con la coordinación entre instituciones, la modernización hospitalaria o la intención de acercar los servicios médicos a la población. El problema es que los buenos propósitos no curan enfermedades, las reuniones no abastecen farmacias y los discursos no sustituyen a los médicos, especialistas ni medicamentos que hacen falta en los hospitales.
Mientras el gobernador habla de infraestructura fortalecida, equipamiento de alta tecnología y mejores oportunidades de atención, los resultados deben medirse desde otra perspectiva: la del ciudadano que llega a una institución pública y necesita una consulta, un estudio especializado, una cirugía o un medicamento para continuar con su tratamiento.
Ahí es donde el Gobierno estatal tiene la obligación de demostrar que sus anuncios corresponden con lo que sucede en la realidad.
Durante la sesión, celebrada en el Polyforum de Ciudad Victoria, participaron representantes del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, Marina, Defensa, instituciones privadas y autoridades educativas, entre otros integrantes del sector.
También se aprobó el Reglamento Interior del Consejo General de Salud, un paso administrativo que permitirá formalizar sus mecanismos de organización y coordinación. Pero conviene decirlo con claridad: Tamaulipas no necesita únicamente más órganos colegiados ni reglamentos para presumir una nueva estructura burocrática. Necesita que las instituciones funcionen y que los ciudadanos dejen de padecer las consecuencias de un sistema que todavía tiene enormes pendientes.
El secretario de Salud, Ricardo Guerrero Morales, insistió en fortalecer la rectoría de la dependencia estatal para conducir, regular y evaluar las políticas sanitarias, independientemente de qué institución preste los servicios médicos.
La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve fortalecer la rectoría si no se traduce en una mejor atención para los pacientes? La autoridad sanitaria debe asumir su responsabilidad y dejar de conformarse con coordinar esfuerzos en el papel. Su obligación es vigilar que los compromisos se cumplan y que las deficiencias tengan consecuencias y soluciones.
Uno de los datos que más llamó la atención fue el informe presentado por Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, sobre el abasto de medicamentos e insumos.
De acuerdo con las cifras expuestas, existe un abastecimiento del 98 por ciento para medicamentos relacionados con complicaciones durante el embarazo; 91 por ciento para enfermedades oncológicas; 99 por ciento para pacientes accidentados, quemados y politraumatizados, y 87 por ciento para enfermedades crónico-degenerativas.
Por niveles de atención, el funcionario reportó 85 por ciento de abasto en centros de salud, 92 por ciento en hospitales de segundo nivel y 87 por ciento en unidades de tercer nivel.
Son números que, presentados en una reunión oficial, pueden generar optimismo. Pero también dejan una interrogante incómoda: ¿qué sucede con el porcentaje restante y cuántos pacientes están pagando las consecuencias de esos faltantes?
Porque detrás de cada punto porcentual hay personas que no pueden suspender un tratamiento, mujeres embarazadas que necesitan atención oportuna, pacientes con cáncer que no tienen tiempo para esperar y enfermos crónicos que dependen de sus medicamentos para evitar complicaciones.
No basta con presentar porcentajes generales. La ciudadanía merece conocer qué medicamentos faltan, en qué hospitales, durante cuánto tiempo y qué mecanismos existen para garantizar que ningún paciente abandone su tratamiento por falta de recursos o insumos.
En otro de los anuncios, Loyda Ramírez López, directora general de Planeación y Desarrollo del Sector Salud, informó sobre los avances para poner en marcha los Consultorios del Servicio Universal de Salud, cuya operación está prevista para enero de 2027.
En una primera etapa fueron aceptados 243 consultorios distribuidos en 39 municipios, con una meta estatal de 430 espacios. También se informó del registro de 3 mil 460 aspirantes, entre ellos 880 médicos y 2 mil 580 integrantes del personal de enfermería.
La propuesta puede representar una oportunidad para ampliar la cobertura médica, pero nuevamente hay que distinguir entre lo anunciado y lo que realmente estará disponible. Tener consultorios registrados y miles de aspirantes no significa que las unidades ya estén funcionando, que cuenten con equipamiento suficiente o que puedan garantizar atención continua.
El reto será convertir esas cifras en servicios efectivos, particularmente en los municipios y comunidades donde conseguir una consulta médica sigue representando un problema.
También se presentaron avances del programa de regularización, fortalecimiento y certificación de establecimientos residenciales para la atención de adicciones. Hasta el momento, 41 centros de 14 municipios han obtenido certificación.
Es un esfuerzo importante, aunque todavía insuficiente frente a la dimensión de un problema que exige vigilancia permanente, atención profesional y garantías de que las personas internadas reciban un trato digno y no sean víctimas de abusos.
Por su parte, el secretario particular del titular de Salud, Ángel Delfino Gómez Lizárraga, expuso resultados relacionados con la transición epidemiológica, la reducción de muertes maternas y la disminución de casos de dengue y Covid-19. También destacó que Tamaulipas se mantiene como el único estado del país sin casos de sarampión durante el presente año, según lo expuesto en la reunión.
Son indicadores que deben reconocerse cuando están debidamente sustentados, pero tampoco pueden convertirse en una cortina de humo para ignorar las deficiencias que persisten en la atención médica.
Y aquí está el verdadero problema: la salud pública no puede evaluarse desde la comodidad de un salón de reuniones ni con presentaciones llenas de porcentajes optimistas. Se evalúa en las salas de urgencias, en las farmacias hospitalarias, en las listas de espera y en la capacidad de atender a tiempo a quien necesita ayuda.
Américo Villarreal puede convocar a la unidad, instalar consejos, aprobar reglamentos y anunciar nuevos consultorios. Pero su administración será juzgada por algo mucho más sencillo y contundente: que los tamaulipecos encuentren médicos cuando los necesiten, medicamentos cuando los requieran y hospitales capaces de atenderlos con dignidad.
Porque la salud no admite simulaciones, tampoco discursos para salir del paso. Un gobierno que presume avances en materia sanitaria tiene que demostrarlo con resultados, no pedirle a la población que confíe ciegamente en sus estadísticas.