Por: Luis Valtierra | #NuevoLaredo #Laredo #NLD #Tamaulipas
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El diputado federal Carlos Canturosas Villarreal manifestó su respaldo a la reforma aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, mediante la cual se establece el delito de reclutamiento criminal como una figura autónoma, con sanciones que pueden alcanzar hasta los 25 años de prisión.
La iniciativa recibió 419 votos a favor y tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer la protección de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes, ante las prácticas utilizadas por grupos delictivos para captar e incorporar personas a sus filas.
La modificación a la Ley General en materia de Trata de Personas busca cerrar vacíos legales y dotar a las autoridades de mayores facultades para intervenir desde las primeras etapas del reclutamiento, incluso cuando este se realiza mediante engaños, falsas ofertas laborales o contactos a través de redes sociales.
Al expresar su postura, Canturosas Villarreal consideró que esta reforma representa un avance importante en el combate a las estructuras criminales y en la defensa de los sectores más vulnerables.
“Esta reforma representa un paso importante para fortalecer la protección de las personas frente al reclutamiento criminal. Debemos contar con herramientas legales que permitan actuar oportunamente, sancionar a los responsables y proteger especialmente a nuestras niñas, niños y adolescentes”, señaló.
En cuanto al régimen de sanciones, el dictamen contempla penas de 10 a 20 años de prisión para quienes incurran en la modalidad básica del delito. Cuando el reclutamiento se lleve a cabo mediante amenazas, coacción, violencia o abuso de poder, las condenas podrán aumentar de 15 a 25 años.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es que cualquier reclutamiento de menores de edad será considerado forzado, independientemente de que existan pruebas de amenazas o violencia explícita. También se establecen agravantes para determinadas circunstancias y se faculta a las autoridades para iniciar investigaciones de oficio, sin que sea indispensable una denuncia formal por parte de la víctima.
El legislador federal subrayó que enfrentar este problema exige mucho más que castigos severos: implica garantizar la libertad, la integridad y la dignidad de las personas, así como impedir que niñas, niños y jóvenes sean captados por organizaciones delictivas.
Con la aprobación en San Lázaro, el dictamen fue turnado al Senado de la República, donde continuará su proceso legislativo.