Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Nuevo Laredo, Tamaulipas.— En Tamaulipas, la unidad entre los Poderes del Estado se presume desde la tribuna, se celebra en las sesiones solemnes y se adorna con discursos sobre justicia social, bienestar y transformación. Pero una cosa es que los gobernantes se pongan de acuerdo y otra muy distinta es que esos acuerdos se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía.
Durante el primer informe de actividades legislativas de la 66 Legislatura, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están al servicio del pueblo. Una declaración políticamente conveniente que, sin embargo, no puede tomarse como una verdad consumada por el simple hecho de repetirla ante funcionarios, diputados y representantes de las instituciones.
El mandatario aseguró que Tamaulipas está mejor que antes y que la colaboración entre los Poderes ha permitido materializar el proyecto de transformación. Sin embargo, esa conclusión requiere algo más que aplausos, fotografías oficiales y discursos coincidentes: necesita indicadores públicos, resultados comprobables y una evaluación seria de los problemas que siguen afectando a la población.
Gobernar no consiste en convencer a los presentes de que todo marcha bien, sino en demostrarle a la gente que su realidad está cambiando.
Y ahí es donde el discurso oficial debe someterse a una revisión mucho más exigente.
Una alianza política que debe demostrar su utilidad pública
Américo Villarreal recordó el llamado a la unidad que hizo al asumir la gubernatura, el 1 de octubre de 2022, y sostuvo que aquella convocatoria ha dado frutos. También destacó la disposición del Congreso para respaldar el proyecto de transformación impulsado a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El problema no es que exista coordinación entre los gobiernos y los legisladores. El problema aparece cuando esa coordinación se convierte en motivo de celebración permanente, sin que se explique con la misma insistencia cuáles son los resultados, qué compromisos siguen pendientes y quién responde por las decisiones que no funcionan.
Un Congreso que acompaña al Ejecutivo puede facilitar la aprobación de reformas, presupuestos y políticas públicas. Pero también tiene la obligación de cuestionar, fiscalizar y exigir explicaciones. Esa es su responsabilidad constitucional, no una concesión del gobernador.
Por eso, la cercanía institucional no debe confundirse con la eficacia gubernamental ni presentarse como garantía automática de buen gobierno. Los acuerdos políticos pueden ser útiles, pero también deben someterse al escrutinio público.
Si los tres Poderes realmente están al servicio del pueblo, la ciudadanía tiene derecho a saber qué decisiones han tomado, a quién han beneficiado y qué mecanismos existen para corregir errores y sancionar irregularidades.
La unidad entre los gobernantes no puede valer más que la rendición de cuentas.
Cifras para el informe, pero ¿cómo se mide la eficacia?
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Armando Prieto Herrera, presentó un balance de la actividad legislativa correspondiente a los últimos dos años.
Según las cifras expuestas, se realizaron 634 reuniones de comisiones, se emitieron 1,371 dictámenes y se presentaron 1,761 iniciativas hasta septiembre de 2026. También se reportaron 168 sesiones legislativas, de las cuales 116 correspondieron al Pleno y 52 a la Diputación Permanente. En ese periodo se resolvieron 1,909 asuntos de manera definitiva y se analizaron y votaron 26 minutas federales relacionadas con reformas constitucionales.
Son números que describen el volumen de trabajo del Congreso, pero no bastan para demostrar su impacto social.
Porque una iniciativa presentada no es una solución; un dictamen aprobado no garantiza que una política pública funcione y una reforma constitucional no transforma, por sí sola, la vida de las personas.
La pregunta que el informe debió colocar en el centro del debate es mucho más incómoda: ¿cuáles de esas decisiones produjeron mejoras concretas, cuáles siguen sin aplicarse y qué resultados pueden verificarse?
La productividad parlamentaria no puede medirse exclusivamente contando reuniones, documentos y sesiones. También debe evaluarse por la calidad de las leyes, la pertinencia de las decisiones y la capacidad de los diputados para representar los intereses de sus distritos, incluso cuando eso implique confrontar al gobierno.
De lo contrario, el riesgo es convertir la actividad legislativa en una maquinaria de cifras que luce bien en los informes, pero cuyo beneficio ciudadano no queda suficientemente demostrado.
El Poder Legislativo no está para aplaudir al gobernador
Durante la sesión, Villarreal Anaya reconoció la disposición del Congreso para respaldar su proyecto de transformación. A su vez, Prieto Herrera elogió la conducción del mandatario y aseguró que desde el Legislativo continuarán acompañando los proyectos orientados a ampliar derechos y oportunidades.
El intercambio de reconocimientos fue parte central del acto institucional. Sin embargo, una democracia necesita mucho más que buenas relaciones entre sus autoridades.
El Congreso no fue creado para convertirse en una extensión política del Ejecutivo, ni su función principal consiste en legitimar desde la tribuna las decisiones del gobernador. Su responsabilidad es legislar, fiscalizar el gasto, revisar el desempeño de las instituciones y exigir cuentas a quienes administran los recursos públicos.
La colaboración entre poderes no elimina sus diferencias ni sus obligaciones individuales. Por el contrario, exige que cada institución conserve la autonomía necesaria para actuar cuando las decisiones de otra resulten cuestionables.
Un Legislativo verdaderamente comprometido con la ciudadanía debe demostrar que puede preguntar lo incómodo, investigar lo necesario y señalar lo que no funciona, sin que la afinidad política se convierta en obstáculo.
De ahí que el verdadero indicador de independencia no sea el número de discursos sobre diálogo y pluralidad, sino la existencia de una fiscalización efectiva, debates sustantivos y decisiones justificadas ante la sociedad.
Reformar el Poder Judicial no garantiza una mejor justicia
El gobernador también destacó las reformas para renovar el Poder Judicial de Tamaulipas, así como las acciones legislativas relacionadas con los derechos humanos, la atención a víctimas, la búsqueda de personas y el derecho a la vivienda.
Se trata de asuntos demasiado delicados para conformarse con anunciarlos como logros políticos.
En materia judicial, la evaluación debe centrarse en el acceso efectivo a la justicia, la imparcialidad de las resoluciones, los tiempos de atención y las garantías para quienes acuden a los tribunales. En el caso de las víctimas y las personas desaparecidas, lo relevante es conocer qué avances existen, qué recursos se han destinado y qué resultados pueden acreditarse.
En vivienda, el desafío consiste en determinar si los programas llegan a quienes los necesitan, bajo qué condiciones y con qué impacto.
Ninguna reforma debe considerarse exitosa únicamente porque fue aprobada. Su valor se demuestra cuando se aplica correctamente y produce beneficios verificables.
La población no necesita que sus autoridades acumulen reformas para presumirlas en un informe; necesita instituciones que respondan, servicios que funcionen y derechos que no se queden en el papel.
Transparencia no es solamente comparecer
Prieto Herrera destacó que, desde el inicio de la administración estatal, los titulares de las secretarías han comparecido ante el Congreso para informar sobre sus actividades.
La comparecencia es un mecanismo importante de rendición de cuentas, pero no debe confundirse con una garantía absoluta de transparencia.
Informar implica responder preguntas, entregar documentación, explicar decisiones, justificar el ejercicio del presupuesto y permitir que la sociedad conozca los resultados. Cuando una autoridad comparece, el objetivo no debería ser cumplir con una formalidad institucional, sino someter su actuación a una revisión efectiva.
La rendición de cuentas pierde fuerza cuando se limita a exposiciones preparadas, cifras seleccionadas y declaraciones favorables. Su verdadera utilidad está en la posibilidad de contrastar los datos, identificar incumplimientos y exigir correcciones.
La transparencia no se mide por cuántos funcionarios suben a una tribuna, sino por la información que ponen a disposición de la ciudadanía y por las consecuencias que se derivan de sus explicaciones.
Quince millones de pesos para el Congreso también exigen cuentas
En el informe se reconoció el respaldo del gobernador para destinar 15 millones de pesos, mediante la Secretaría de Obras Públicas, a la renovación del domo de la explanada del Palacio Legislativo.
La obra fue incluida entre los aspectos destacados durante el acto. Sin embargo, todo gasto público debe estar sujeto a los mismos principios: justificación, transparencia, comprobación y evaluación.
No basta con anunciar una inversión ni con presentar una obra terminada como evidencia de eficiencia. Es necesario que la información sobre los contratos, los trabajos ejecutados y el uso de los recursos pueda ser consultada y revisada conforme a las obligaciones legales correspondientes.
El dinero público no pertenece a los funcionarios ni a las instituciones que lo ejercen. Pertenece a la sociedad que lo financia mediante sus contribuciones, y por eso debe existir claridad sobre su destino.
El discurso de transformación también debe rendir cuentas
Américo Villarreal sostuvo que la coordinación entre los Poderes constituye una fortaleza para avanzar hacia la igualdad social, la paz, la justicia y la prosperidad. Son propósitos legítimos, pero su cumplimiento no puede darse por sentado a partir de una ceremonia oficial.
La ciudadanía tiene derecho a exigir que esos compromisos se traduzcan en resultados medibles y que los responsables expliquen, con la misma disposición con la que presumen sus avances, aquello que permanece pendiente.
El gobierno debe presentar evidencia de sus resultados. El Congreso debe demostrar que fiscaliza y representa a la sociedad, no solamente que aprueba iniciativas. Y el Poder Judicial debe acreditar que sus decisiones contribuyen a garantizar una justicia accesible e imparcial.
La política no puede reducirse a un intercambio de elogios entre quienes ocupan los cargos públicos.
Tamaulipas necesita instituciones que funcionen, autoridades que respondan y representantes populares capaces de poner el interés ciudadano por encima de la comodidad política.
Porque decir que los tres Poderes están al servicio del pueblo es sencillo cuando se habla desde una tribuna. Lo verdaderamente importante es demostrarlo cuando hay problemas que resolver, recursos que transparentar, decisiones que corregir y ciudadanos que exigen respuestas.
Al final, los informes pasan, los discursos se olvidan y las fotografías terminan archivadas. Lo que permanece es la realidad de la gente.
Y esa realidad, no los aplausos de una sesión solemne, será la que permita evaluar si la transformación que presume el gobierno de Américo Villarreal está cumpliendo sus promesas.