Por: Luis Valtierra | #NuevoLaredo #Laredo #NLD #Tamaulipas
CDMX.- El diputado federal Carlos Canturosas Villarreal respaldó la reforma aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, con 419 votos a favor, que establece el reclutamiento criminal como un delito autónomo y contempla penas de hasta 25 años de prisión, con medidas especiales para proteger a niñas, niños y adolescentes.
La modificación legal busca cerrar vacíos que dificultaban la persecución de estas conductas y permitir que las autoridades intervengan desde el momento en que una persona es captada para incorporarse a grupos delictivos. Entre los métodos utilizados se encuentran los engaños, las falsas ofertas laborales y el contacto a través de redes sociales.
“Esta reforma representa un paso importante para fortalecer la protección de las personas frente al reclutamiento criminal. Debemos contar con herramientas legales que permitan actuar oportunamente, sancionar a los responsables y proteger especialmente a nuestras niñas, niños y adolescentes”, señaló Canturosas Villarreal.
De acuerdo con el dictamen, la modalidad básica del delito será castigada con penas de 10 a 20 años de prisión. Cuando se cometa mediante amenazas, coacción, violencia o abuso de poder, las sanciones podrán aumentar de 15 a 25 años, además de las agravantes previstas para determinadas circunstancias.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que el reclutamiento de menores de edad será considerado forzado, incluso cuando no se demuestre el uso de amenazas o violencia explícita. La medida reconoce la especial vulnerabilidad de este sector frente a las estrategias de captación de la delincuencia.
Asimismo, los cambios permitirán que las autoridades inicien investigaciones de oficio, sin que sea indispensable una denuncia formal de la víctima. También se contemplan mecanismos para fortalecer la atención y protección de las personas afectadas.
Canturosas Villarreal sostuvo que enfrentar el reclutamiento criminal requiere disposiciones legales que permitan sancionar a los responsables y proteger la libertad, la integridad y la dignidad humana, particularmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Luego de su aprobación en San Lázaro, el dictamen fue turnado al Senado de la República, donde continuará el proceso legislativo correspondiente.