Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Nuevo Laredo, Tamaulipas – La escena ocurrida en Ciudad Victoria no fue un acto de confrontación política. Fue el reflejo más crudo de un sistema que, para muchas víctimas, responde con protocolos mientras el dolor exige respuestas. La voz de Juana Laura Martínez, abuela de Dafne Zapata Quintos, resumió el sentimiento de cientos de familias que han esperado justicia en Tamaulipas sin encontrarla.
“Estoy harta de palabras”, reclamó frente a funcionarios estatales. No era una frase improvisada; era el resultado de una larga cadena de promesas, reuniones y discursos que, hasta ahora, no han logrado disipar las dudas que rodean el caso.
La administración del gobernador Américo Villarreal Anaya enfrenta una realidad que ya no puede maquillarse con comunicados institucionales. Cada vez que una víctima tiene que levantar la voz para exigir avances, el mensaje que recibe la sociedad es demoledor: las instituciones siguen sin generar la confianza que deberían.
Resulta difícil explicar por qué, en un asunto que ha provocado indignación pública, el representante del Gobierno del Estado reconoció no conocer a profundidad la carpeta de investigación. Si el caso merece atención al más alto nivel, lo mínimo que esperan los familiares es que quienes acuden a dialogar con ellos dominen los detalles y puedan responder con información concreta, no con generalidades.
La respuesta institucional volvió a girar alrededor de que las investigaciones continúan, que existen diligencias en proceso y que el asunto sigue su curso legal. Son expresiones correctas desde el punto de vista jurídico, pero profundamente insuficientes para quien perdió a una menor y lleva meses esperando certezas.
El momento más contundente ocurrió cuando la abuela preguntó al funcionario si alguna vez había perdido a una hija o a una nieta. La pregunta no buscaba exhibirlo personalmente; pretendía evidenciar la enorme distancia que existe entre quienes viven una tragedia y quienes la administran desde un escritorio.
Más preocupante aún es que la familia continúe manifestando desconfianza hacia las autoridades encargadas de procurar justicia. Cuando una víctima habla de posibles irregularidades, de expedientes que terminan archivados o de la necesidad de que las audiencias sean públicas para garantizar transparencia, el problema deja de ser exclusivamente un caso penal y se convierte en una crisis de credibilidad institucional.
En un Estado de derecho, la confianza no se exige; se construye con investigaciones sólidas, procesos transparentes y resultados verificables. Mientras eso no ocurra, cualquier declaración oficial seguirá pareciendo insuficiente frente al reclamo de quienes exigen justicia.
El gobierno de Américo Villarreal tiene la obligación de demostrar que este expediente no será uno más en la larga lista de casos que alimentan la percepción de impunidad. No basta con asegurar que el proceso continúa; corresponde a las instituciones actuar con eficacia, informar con claridad y garantizar que las investigaciones se conduzcan con absoluto apego a la ley.
La justicia no puede depender de la presión mediática ni del dolor expresado frente a las cámaras. Debe llegar porque es una obligación del Estado. Y cuando una abuela tiene que enfrentar a las autoridades para recordarles esa responsabilidad, queda claro que el verdadero problema no es únicamente un expediente, sino la incapacidad de un gobierno para convencer a sus ciudadanos de que la justicia funciona.
Porque mientras las respuestas sigan siendo las mismas y las certezas continúen ausentes, el reclamo de una familia terminará convirtiéndose en el reclamo de toda una sociedad.