Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Nuevo Laredo, Tamaulipas – Cuando un caso involucra presuntas irregularidades por 985 millones de pesos, la sociedad espera respuestas rápidas, procesos sólidos y resultados contundentes. Lo que obtiene, una vez más, es tiempo. Más tiempo.
La decisión de una jueza de otorgar seis meses adicionales para la investigación complementaria en el proceso que enfrenta la exsecretaria de Bienestar Social, identificada únicamente como YAC, por el presunto delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, confirma una realidad que los ciudadanos conocen de memoria: en México, los casos de corrupción suelen caminar con una lentitud desesperante.
La resolución judicial se encuentra dentro del marco legal y forma parte del debido proceso. Nadie puede cuestionar el derecho de la defensa y de la Fiscalía a reunir las pruebas necesarias. Lo que sí puede cuestionarse es por qué investigaciones sobre contratos públicos cercanos a los 985 millones de pesos tardan años en llegar a una etapa que apenas permite seguir investigando.
La corrupción no solo roba dinero. También consume tiempo institucional. Mientras los expedientes pasan de una audiencia a otra, de un recurso legal a otro y de una prórroga a la siguiente, la percepción ciudadana es demoledora: la justicia parece tener un reloj distinto cuando los acusados ocuparon cargos de poder.
El argumento de una supuesta persecución política ha sido utilizado en innumerables procesos contra exfuncionarios de todos los partidos. Será responsabilidad de los tribunales determinar si esa afirmación tiene sustento. Sin embargo, lo que hasta ahora existe es una vinculación a proceso dictada por una autoridad judicial tras considerar que hay elementos suficientes para continuar la causa penal. Ese hecho, por sí mismo, desmiente la narrativa de que el caso carece completamente de fundamento.
Ahora el calendario apunta hacia enero de 2027. Otros seis meses de investigación significan otros seis meses sin una respuesta definitiva para una sociedad que lleva demasiado tiempo viendo cómo los expedientes por presunto desvío de recursos públicos avanzan a paso de tortuga.
La exigencia no debe ser acelerar procesos sacrificando derechos. Debe ser que las instituciones investiguen con eficacia, integren expedientes sólidos y eviten que los casos de alto impacto se conviertan en interminables laberintos judiciales donde el tiempo termina siendo el mejor aliado de la impunidad.
Porque cuando casi mil millones de pesos están bajo la lupa, lo mínimo que merece la ciudadanía es una verdad sustentada en pruebas y una justicia que llegue antes de que el caso se pierda entre plazos, recursos y calendarios.
Hoy YAC sigue vinculada a proceso. Corresponderá a la Fiscalía demostrar sus acusaciones y a la defensa desvirtuarlas. Lo que ya no puede permitirse es que el combate a la corrupción continúe midiendo sus resultados en años, mientras la confianza ciudadana se sigue agotando en meses.