Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Nuevo Laredo, Tamaulipas – Ayer fui etiquetado en una publicación de Yahaleel Abdala Carmona, donde asegura que regalará un vehículo a quien presente las supuestas pruebas de la persecución política que, según ella, enfrenta.
Así que adelante. Sus seguidores pueden etiquetarme, criticarme, insultarme o decir lo que gusten. Eso no cambia la realidad.
Quienes sí estudiamos Comunicación, quienes asistimos a nuestras clases de Derecho, Administración, Ética, Legislación y todas las materias que forman a un verdadero periodista, sabemos perfectamente que ese “reto” está diseñado para ser imposible de cumplir.
¿Por qué? Porque las pruebas que integran una carpeta de investigación no pueden hacerse públicas antes de ser desahogadas conforme al debido proceso ante un juez o un tribunal. Es un principio básico del sistema penal acusatorio y cualquier comunicador con una formación seria lo conoce.
Por eso resulta fácil lanzar un desafío que, legalmente, nadie puede cumplir sin poner en riesgo una investigación.
Durante mucho tiempo se negó que existiera un proceso judicial en su contra. Ahora que el tema es público, cambia la narrativa y pretende convertir un asunto jurídico en uno político. Sin embargo, las reglas del proceso penal no cambian por una publicación en redes sociales.
Si realmente sostiene que no participó en el presunto desvío de recursos que se le atribuye, entonces el verdadero reto no está en Facebook.
El verdadero reto es comparecer ante la justicia, enfrentar el proceso conforme a derecho y demostrar, con pruebas y argumentos, su inocencia ante la autoridad competente.
Ese sí es un reto real.
Existe un dicho muy conocido: “El que nada debe, nada teme.” Si ese principio es el que quiere defender, entonces que lo haga donde corresponde: en los tribunales, no en las redes sociales.
Yo no acepto un reto imposible por razones legales. En cambio, le hago uno que sí puede asumir: que enfrente el proceso judicial sin convertirlo en una campaña de victimización y que sea un tribunal, y no una publicación en internet, quien determine si es inocente o responsable.