Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
Nuevo Laredo, Tamaulipas – Cuando un gobernante dedica más tiempo a desmentir publicaciones periodísticas que a rendir cuentas sobre los problemas de su estado, algo no está funcionando. La reciente postura del gobernador Américo Villarreal Anaya, al anunciar acciones legales para exigir una reparación del daño al diario Los Angeles Times, abre un debate que va más allá de una nota periodística: el de la relación entre el poder político y el escrutinio público.
El mandatario sostiene que la información que lo vinculaba con una supuesta investigación en Estados Unidos fue desmentida por autoridades estadounidenses y mexicanas. Si ello es cierto, tiene todo el derecho de defender su nombre por las vías legales correspondientes. Sin embargo, convertir el episodio en una narrativa de persecución política permanente parece ser una salida más conveniente que incómoda.
En Tamaulipas, los ciudadanos enfrentan problemas cotidianos relacionados con seguridad, infraestructura, salud y desarrollo económico. Frente a ese panorama, resulta inevitable preguntarse si la prioridad de un gobierno debe ser librar una batalla mediática internacional o concentrarse en resolver las demandas urgentes de la población.
La estrategia tampoco es nueva. Cada vez que surge una controversia incómoda, la explicación suele ser la misma: intereses políticos, campañas de desprestigio, ataques electorales o conspiraciones de adversarios. Bajo esa lógica, cualquier crítica queda automáticamente descalificada y cualquier cuestionamiento se interpreta como parte de una ofensiva organizada.
El problema de este discurso es que termina desgastándose. Gobernar implica aceptar que la crítica, justa o injusta, forma parte del ejercicio del poder. Los cargos públicos no vienen acompañados de inmunidad frente al debate público ni frente a las investigaciones periodísticas.
Más llamativa aún fue la defensa realizada en torno a los señalamientos dirigidos a su hijo, Américo Villarreal Santiago, tras los resultados electorales en Coahuila. El gobernador argumentó que se pretende responsabilizar a un delegado de Bienestar por el desempeño electoral de un partido. No obstante, el señalamiento surge precisamente porque los programas sociales y las estructuras políticas han sido objeto de constante discusión en los procesos electorales recientes.
Lo que preocupa no es que existan acusaciones o críticas. Lo preocupante es la tendencia a responder siempre desde la confrontación política y no desde la transparencia absoluta. En democracia, las dudas se despejan con información verificable, no con discursos de victimización.
La realidad es que ningún gobernador debería sentirse cómodo ocupando titulares por polémicas, desmentidos o litigios mediáticos. La mejor defensa de cualquier administración sigue siendo la eficacia de sus resultados. Y en ese terreno, los ciudadanos son quienes tienen la última palabra.
Mientras el gobierno concentra esfuerzos en reclamar disculpas y señalar supuestas campañas en su contra, miles de tamaulipecos continúan esperando respuestas a problemas mucho más urgentes. Al final, la percepción pública no se construye con comunicados ni con desmentidos; se construye con hechos. Y los hechos, para bien o para mal, siempre terminan imponiéndose sobre cualquier narrativa.