Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
La declaración del fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, sobre el caso de Yahleel Abdala Carmona no es menor. Cuando el titular de la institución encargada de procurar justicia afirma públicamente que la investigación está sólidamente integrada y que existen elementos suficientes para sostener la acusación, el mensaje es claro: la Fiscalía apuesta su credibilidad a este expediente.
Y no podría ser de otra manera.
Lo que está en juego no es únicamente la situación jurídica de una exfuncionaria estatal. Lo que realmente se encuentra bajo escrutinio es la capacidad del sistema de justicia para llevar hasta sus últimas consecuencias un caso que involucra el presunto manejo irregular de recursos públicos por una cifra cercana a los mil millones de pesos.
Durante años, Tamaulipas fue escenario de escándalos de corrupción que terminaron en el mismo lugar: el archivo, el olvido o la impunidad. Expedientes anunciados con bombo y platillo que, conforme avanzaban los meses, se desinflaban entre amparos, recursos legales, tecnicismos y procesos interminables.
Por eso el caso Yahleel representa una prueba distinta.
El propio fiscal recordó que participó directamente en la integración de la carpeta cuando encabezaba la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Al asegurar que la investigación fue construida con bases sólidas, está poniendo sobre la mesa algo más que una opinión jurídica; está comprometiendo la reputación institucional de la Fiscalía.
Si el expediente es tan robusto como se afirma, entonces la sociedad tiene derecho a esperar resultados concretos. No discursos. No conferencias. No declaraciones para los titulares de un día.
Resultados.
Porque si después de años de investigación, auditorías, peritajes y trabajo ministerial un asunto de esta magnitud termina derrumbándose en tribunales, la señal para los ciudadanos sería devastadora: que incluso los casos emblemáticos de presunta corrupción siguen siendo incapaces de traducirse en sanciones efectivas.
La decisión judicial de no imponer prisión preventiva no debe confundirse con una absolución ni con el fracaso de la acusación. Forma parte de una etapa procesal específica. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que cada audiencia prolongada, cada aplazamiento y cada incidente legal alimentan la percepción de que la justicia mexicana avanza con una lentitud desesperante cuando se trata de personajes con poder político.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿habrá consecuencias reales si se acreditan las irregularidades denunciadas?
Tamaulipas necesita una respuesta contundente. No por Yahleel Abdala en particular, sino porque la lucha contra la corrupción no puede seguir dependiendo de discursos oficiales que terminan chocando contra la realidad de expedientes inconclusos.
El fiscal asegura que el caso no se caerá.
Ahora corresponde a la Fiscalía demostrarlo en los tribunales. Porque en materia de combate a la corrupción, las declaraciones generan expectativa, pero únicamente las sentencias generan confianza.
Y esa confianza es, precisamente, lo que más escasea en la vida pública mexicana.