Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
El gobernador Américo Villarreal Anaya asegura que Tamaulipas vive uno de sus mejores momentos en materia de seguridad. Las estadísticas oficiales hablan de una reducción histórica en homicidios dolosos, de municipios que aparecen entre los más seguros del país y de una estrategia que, según el gobierno estatal, está dando resultados contundentes.
Sin embargo, más allá de los números presentados en conferencias, programas oficiales y reportes institucionales, existe una realidad que no siempre coincide con el optimismo gubernamental.
Es cierto que algunos indicadores muestran una disminución en delitos de alto impacto. También es verdad que Tamaulipas ya no ocupa los primeros lugares nacionales en violencia que durante años marcaron negativamente la imagen del estado. Pero reducir la discusión de la seguridad únicamente a cifras sería un grave error.
La percepción ciudadana continúa siendo uno de los grandes desafíos. En muchas regiones del estado todavía persiste el miedo a denunciar, la desconfianza hacia las autoridades y la preocupación por hechos delictivos que, aunque no siempre terminan reflejados en las estadísticas, forman parte de la vida cotidiana de miles de familias.
Cuando el gobernador afirma que Tamaulipas es uno de los estados que más ha avanzado en materia de seguridad, probablemente tenga sustento en algunos indicadores oficiales. Lo que resulta cuestionable es presentar el panorama como un éxito prácticamente consolidado cuando aún existen zonas donde la población sigue modificando horarios, rutas y actividades por temor a la inseguridad.
La reducción de homicidios es positiva y merece reconocimiento. Sin embargo, la seguridad no puede medirse únicamente por el número de asesinatos. También debe evaluarse por la tranquilidad con la que una persona puede transitar por una carretera, abrir un negocio, enviar a sus hijos a la escuela o denunciar un delito sin temor a represalias.
Otro aspecto que suele quedar fuera del discurso oficial es el de los colectivos de búsqueda. Mientras las autoridades destacan avances, cientos de familias continúan recorriendo brechas, ejidos y terrenos abandonados en busca de sus seres queridos desaparecidos. La crisis de desapariciones sigue siendo una herida abierta que ningún informe estadístico ha logrado cerrar.
Tampoco puede olvidarse que los fantasmas de San Fernando, Camargo y Nuevo Laredo siguen presentes en la memoria colectiva. Son episodios que marcaron profundamente a Tamaulipas y que obligan a cualquier gobierno a actuar con prudencia antes de declarar victorias anticipadas.
La construcción de nuevas Estaciones Seguras en la frontera puede representar una herramienta importante para fortalecer la vigilancia carretera. No obstante, la ciudadanía juzgará esos proyectos por sus resultados y no por los anuncios. En Tamaulipas existe una larga historia de obras, estrategias y programas que fueron presentados como soluciones definitivas y terminaron sin generar el impacto prometido.
La seguridad no se gana en discursos ni en programas de radio. Se construye todos los días en las calles, en las colonias, en las carreteras y en la confianza ciudadana.
El gobierno estatal tiene argumentos para presumir algunos avances. Lo que no puede hacer es ignorar que todavía existe una brecha considerable entre los indicadores oficiales y la percepción de una sociedad que durante décadas ha aprendido a vivir con cautela.
Porque si algo ha enseñado la historia reciente de Tamaulipas, es que los triunfalismos en materia de seguridad suelen ser tan peligrosos como la propia violencia.