Opinión: Luis I. Valtierra Hernández
Columna: Criticar por Criticar
El gobierno de Tamaulipas presume con entusiasmo haber superado la meta de recaudación durante los primeros dos meses del año. Según la Secretaría de Finanzas, entre enero y febrero ingresaron a las arcas estatales casi 3 mil millones de pesos, una cifra que supera en 8.3 por ciento lo previsto en la Ley de Ingresos 2026. En el discurso oficial, el dato se presenta como prueba de disciplina financiera, eficiencia administrativa y confianza ciudadana.
Sin embargo, fuera de los boletines y los discursos institucionales, la percepción social dista mucho de ese optimismo. Para miles de contribuyentes, lo que el gobierno llama “confianza” suele sentirse más bien como presión fiscal y trámites que, en muchos casos, terminan siendo inevitables si se quiere evitar multas, recargos o bloqueos administrativos.
El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, atribuye el incremento a una estrategia basada en transparencia, orden y mejora del servicio público. Pero los números también pueden leerse de otra manera: el Estado recauda más porque cada vez cobra más conceptos, endurece procesos de cobro y amplía mecanismos para asegurar el pago.
Uno de los rubros que más aportó fue el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado, que superó en 9.5 por ciento lo presupuestado. El dato es presentado como señal de dinamismo económico, aunque para muchos empresarios y empleadores representa simplemente un costo más dentro de una carga fiscal que no deja de crecer.
Algo similar ocurre con los ingresos provenientes del control vehicular, que alcanzaron más de 772 millones de pesos y superaron la meta en 13.5 por ciento. El gobierno lo atribuye a mejores procesos administrativos y a incentivos fiscales. Pero en la práctica, buena parte de esa recaudación proviene de contribuyentes que no tienen opción: pagar o enfrentar sanciones que terminan siendo mucho más costosas.
También se reportan ingresos superiores a lo esperado en organismos públicos descentralizados, lo que según la autoridad refleja modernización y eficiencia en los sistemas de cobro. No obstante, para el ciudadano común esto se traduce en más pagos por servicios públicos que rara vez mejoran al mismo ritmo que los ingresos del gobierno.
El problema no está en recaudar. Ningún gobierno puede funcionar sin ingresos. El verdadero cuestionamiento es otro: si el Estado recauda más dinero, ¿por qué la percepción ciudadana sobre los servicios públicos sigue siendo tan baja?
Carreteras deterioradas, hospitales saturados, trámites burocráticos interminables y servicios públicos que no siempre responden a las necesidades reales de la población forman parte de la experiencia cotidiana de muchos tamaulipecos.
El gobierno insiste en que cada peso recaudado se traduce en bienestar, infraestructura y desarrollo. Pero en la calle, donde se vive la realidad sin cifras maquilladas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Dónde se refleja realmente ese dinero?